¿Donde están los ciudadanos democraticos? (II)

Se habla de gratuidad, sí, pero no para todos. Otro de los aspectos donde más claramente se aprecia la falta de libertad de elección de los padres, es la discriminación económica que padecen las familias que optan por una enseñanza no pública. El artículo 27.4 de nuestra Carta Magna afirma que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita". Sin embargo, sólo aquellos padres que optan por el modelo público reciben las ayudas económicas suficientes que garantizan la gratuidad. El señor Hertfelder asegura que "las leyes educativas han ido cercenando el derecho a elegir de los padres, no sólo en el tipo de educación, sino también en el colegio. Uno de los métodos ha sido el de la financiación. Con ello han intentado, y conseguido en muchos casos, que los padres no tengan más opción real que la enseñanza pública, en la que el Estado tiene las manos libres para educar a su antojo. Si hubiera una voluntad política de aplicar los principios constitucionales, herramientas como el cheque escolar o como el homeschooling serían una realidad en España. A propósito del "homescholling" trataremos más adelante de reflexionar sobre ello.

En este sentido, continua el referido artículo, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza(FERE) presentó, hace unos días, el estudio Financiación pública de la enseñanza, en el que reclama que "los centros privados y concertados deberan disponer de los mismos recursos que la Administración pone a disposición de los centros públicos". En la actualidad, las Administraciones financian totalmente la enseñanza pública, sólo en parte la concertada, y deja sin ayudas a los padres que deseen acudir a la escuela privada. Por eso, desde el FERE reclaman que "las Administraciones educativas eviten todo tipo de discriminación en la financiación pública de las enseñanzas no obligatorias ni gratuitas, tanto si éstas se imparten en los centros públicos como si se imparten en centros privados". Para ello la FERE solicita un "estudio fiel del coste del puesto escolar", así como que la cantidad económica que el Estado destina a los centros concertados - como ayuda a los padres, no a los colegios - "cubra la integridad de los gastos" de cada alumno. Por esto, don José Manuel Lacasa afirma que "lo que tiene que hacer la Administración es garantizar plazas, calidad y distintos tipos de centros con distintas sensibilidades y, por tanto, favorecer que distintas sensibilidades puedan construir centros subvencionados si tienen alumnos. Una vez hecho esto, que cada uno elija el centro que quiera.

Además, continua, de las consideraciones económicas, dentro de las aulas también se dan impedimentos que cohartan la libertad de elección de los padres. El hecho de que haya centros en Cataluña y Pais Vasco en los que los estudiantes no puedan cursar sus asignaturas en castellano, supone, tal como señala don Eduardo Hertfelder, "una violación en toda regla del derecho de los padres a elegir con libertad, pues muchos soportan resignadamente que sus hijos sean educados en una lengua que ellos no elegirían. Sólo un ambiente de miedo y manipulación como el que se ha creado en esas Comunidades puede explicar una situación tan absurda". También José Manuel Lacasa asegura que "la lengua de enseñanza debe basarse en la demanda, no en la construcción nacional o en modas pedagógicas. Si se empeñan en cuestiones que nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza, deben establecerse mecanismos que compensen los problemas que causa en muchos alumnos enfocar el sistema hacia criterios no educativos".

Otro de los aspectos más complejos es el de la asignación de plazas, que en no pocas ocasiones parece perjudicar a las familias de clase media que viven cierta estabilidad. En este sentido, Isabel Bazo, de CECE, recuerda que, "en su concepto erróneo de buenismo oficial, no se están aplicando los mismos derechos y obligaciones a familias desestructuradas o de inmigrantes, que deben estar amparadas por un sistema de becas si lo necesitan, pero no beneficiadas por derechos civiles que lesionan a otras familias e impiden la igualdad de oportunidades". En suma, un cúmulo de trabas que hacen al Estado merecedor de un suspenso en el respeto a la libertad de elección de los padres. Firmado por José Antonio Méndez.

Como se puede apreciar, no se entiende nada de esto cuando se está en un pais que se tiene por defensor de las libertades y de democracia pura. Y menos se entiende que los ciudadanos, puesto que le han votado la mayoría, se tengan por democraticos cuando no se imparte justicia ni derechos igualitarios para todos. Luego, ¿donde estamos? ¿Qué defendemos? ¿No nos haría falta reflexionar con un poco de más compromiso y seriedad?